domingo, 23 de agosto de 2015

Las reformas laborales: asunto que continúa postergado en las agendas de los gobiernos latinoamericanos

Como bien lo indica Matthew E. Carnnes del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los asuntos más urgentes hoy en América Latina es la reforma del mercado laboral, asunto postergado sistemáticamente durante las últimas décadas. 
 
Según Carnnes, “prácticamente todos los gobiernos de la región han expresado su deseo de incorporar a más personas en el mundo del trabajo, a través de mejores empleos, con mayores salarios y, además, con una mayor productividad que contribuya al crecimiento de la economía en su conjunto. Sin embargo, los niveles de subempleo e informalidad se han mantenido obstinadamente altos e incluso los esfuerzos mejor intencionados han resultado insuficientes para sacar adelante reformas importantes y duraderas: los códigos laborales de la región constituyen una barrera para una mayor inclusión en el mercado de trabajo”.
 
¿Por qué no se ha podido revertir esta situación y poner en marcha las necesarias reformas? Una primera situación que puede observarse es que las leyes que rigen las relaciones laborales en América Latina continúan alejadas de los criterios técnicos imprescindibles. Siguen primando las visiones de corto plazo y los réditos políticos mezquinos, sin visión nacional de largo plazo. Ello genera que se siga viviendo entre el reducido mundo de los trabajadores formales y el inmenso mundo de los trabajadores informales, donde parece natural que no exista la posibilidad de articular políticas de estado en materia laboral en períodos de 15, 20 ó 30 años.
 
Si a esto le sumamos la enorme brecha social y económica que golpea casi sin excepción a todos los países latinoamericanos, no resulta difícil entender por qué esta situación se ha encargado de consolidar una situación perversa de marginación y exclusión de derechos para millones de trabajadores.
 
Sin embargo, la reciente investigación de Matthew E. Carnes nos abre la esperanza que esta situación empiece a revertirse prontamente en el continente. Así, se indica que en la medida que el crecimiento de las pensiones no contributivas para la nueva clase de trabajadores formales pero altamente vulnerables a la profunda inestabilidad de los mercados nacionales e internacionales, se pueda al fin abrir las trabas de las últimas décadas para acelerar las reformas laborales de apertura e inclusión social que por tanto tiempo han sido postergadas.

Fuente: Diario Gestión / Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN

Las reformas laborales en América Latina continúan postergadas a pesar de la necesidad imperiosa de construir mercados laborales más prósperos e inclusivos.

domingo, 16 de agosto de 2015

"Brindo excelencia en el servicio para que mis clientes tengan siempre una atención de primer nivel". Entrevista a Arsenio Isidro Claudio, dueño de la nueva cadena de salones de belleza "Isidro Salón & Spa"

Arsenio Isidro Claudio es un dinámico y entusiasta empresario dedicado al mundo de la belleza. Vinculado desde su juventud con este rubro por una cuestión de especialización familiar, adquirió gran experiencia por su trabajo de más de 8 años con la actual cadena "Montalvo Salón & Spa".
 
Pero ahora, Arsenio Isidro se atreve a seguir cumpliendo sus sueños con una gran pasión por la excelencia y las mejoras de la atención hacia sus clientes, lo que le ha llevado hacer realidad una de sus más grandes aspiraciones: colocar su propia cadena de salones de belleza y spa. Así, en los próximos días inaugurará en el distrito de San Isidro su novedosa creación: “Isidro Salón & Spa”.
 
Empezando por todo lo alto con esta primera experiencia, también nos refiere que ya tiene diseñados los próximos pasos para convertir su creación en la nueva cadena líder en este rubro en Lima, tal como nos cuenta en esta entrevista.
 
 


Arsenio Isidro y su reciente creación "Isidro Salón & Spa", a punto de iniciar una nueva etapa de su proyecto en el mundo de la belleza con la inauguración de su primer local en Lima: Av. República de Colombia No. 137, San Isidro.
 

sábado, 15 de agosto de 2015

Opinión. ¿Qué significan los altos costos de la salud para quienes no poseen cobertura de un seguro médico en el Perú?

Se estima que en el Perú, las familias destinan aproximadamente un 8% de su presupuesto a temas de salud. Además, suelen atender temas ambulatorios en  clínicas de la Solidaridad y distritales, otro gran porcentaje opta por auto medicarse, mientras otro porcentaje suele pedir préstamos de familiares o colectas de amigos para lograr atenderse.
 
Pero si miramos el asunto con mayor detenimiento podemos encontrar aspectos alarmantes. Así, se estima que alrededor del 36% de la población peruana está asegurada en el Servicio Integral de Salud, más conocido como el SIS, seguido de Essalud, que abarca al 30%. Sin embargo, emerge una realidad preocupante: alrededor del 30% de la población nacional aún no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. Es decir, alrededor de 9 millones de peruanos en estos momentos no cuenta con ninguna cobertura médica que los ampare en caso de necesidad.
 
De acuerdo a los datos proporcionados por algunas aseguradoras locales, las personas que no tiene contratado un seguro médico pueden gastar miles de soles en hospitalización, en un trasplante de órgano o en un tratamiento de algún cáncer. Para tener una idea de la magnitud de este asunto, por ejemplo, en el caso de una emergencia médica el costo promedio asciende a S/. 2.000; la hospitalización durante una semana asciende en promedio a  S/. 4.900, mientras que un tratamiento oncológico oscila entre U$30.000 y U$200.000 al año.  
 
Frente a ello, según cifras de INEI, se observa que la inversión que realizan los hogares peruanos en salud se incrementa alrededor de 5% cada año. Solo entre el 2010 y 2013 se habría pasado de un gasto aproximado de S/. 8.124 a S/.9.480. Se observa, pues, que se trata de un mercado emergente pero al que tradicionalmente no parece haberse colocado una preferencial atención.  
 
Todo esto amerita, por supuesto, que deban diseñarse a la brevedad políticas estatales serias que busquen superar la tradicional tendencia al desconocimiento de las terribles implicancias personales y familiares que una situación de esta naturaleza representa. Considerando que alrededor de 9 millones de peruanos actualmente no cuentan con ninguna cobertura de seguro médico, las cifras referenciales indicadas sobre los gastos en salud nos muestran un panorama de extrema gravedad para aquellos quienes siguen abandonados a su buena fortuna buscando conseguir eventualmente algún apoyo familiar o de amigos que les permita superar cualquier tipo de contingencia médica.
 
Fuente: Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN
 
Aproximadamente 9 millones de peruanos no cuentan actualmente con ninguna cobertura de seguro médico. Foto: http://www.lawebdeseguros.com/slide/seguro-medico/
 

miércoles, 12 de agosto de 2015

El planteamiento de la reducción del IGV para los pagos con tarjetas de crédito y débito. ¿Una solución a la informalidad económica en el país?

En una reciente nota de prensa, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) informó que se planteará la reducción de dos puntos porcentuales del IGV en los pagos de cualquier compra de producto o servicio que se realice con las tarjetas de crédito y débito, con el objetivo de contribuir con la formalización de la economía.
Esta propuesta, que actualmente se viene trabajando a nivel de la Comisión Nacional de Inclusión Financiera, buscaría replicar experiencias favorables ocurridas en otros países latinoamericanos donde, tras aplicar esta medida, las compras realizadas con las tarjetas se elevaron anualmente entre 10% y 20% .
Como se ha indicado, el objetivo principal de esta medida estaría orientado a contribuir a mejorar los niveles de formalización de la economía nacional, siguiendo una lógica muy simple: si un mayor número de operaciones quedan registradas en el sistema, los niveles de formalización económica en el país deberían aumentar naturalmente.
Sin embargo, no perdamos de vista que los efectos de este tipo de medidas son muy limitadas si se busca superar realmente los bajísimos niveles de formalización de la economía peruana. Suena paradójico que se haya tenido que esperar que este tipo de medidas produzcan un buen resultado en otros países de la región, como es el caso de Argentina y Uruguay donde, por cierto, los niveles de informalidad económica son mucho menores que en el caso peruano, para recién reaccionar y proponer alguna medida similar para el caso nacional.
Sin restar méritos al impulso de este tipo de iniciativas privadas, no debe olvidarse que uno de los grandes problemas de la economía peruana es que no logra generar los mecanismos inclusivos para que cada vez más personas se sientan atraídas para participar de las ventajas de los circuitos económicos formales. Por eso es que a pesar de los altos niveles de crecimiento económico que se experimentaron en los años anteriores, los resultados en general siguen siendo adversos al momento de comprobar cuántos peruanos realmente han salido del histórico túnel de la informalidad económica.
Así, no olvidemos que actualmente casi el 70% del mercado laboral nacional continúa desenvolviéndose en la informalidad, mientras que los cálculos más optimistas estiman que alrededor del 35% del PBI nacional todavía está en manos de la economía informal. Es decir, a pesar del crecimiento económico por encima del 5% de los últimos años, el sector informal también ha mantenido paralelamente sus lamentables niveles de crecimiento, postrando a millones de personas en las garras del más terrible subdesarrollo económico. En pocas palabras, esto significa que los porcentajes de la informalidad en el país no solamente se han mantenido sino que, incluso en algunos casos, se han incrementado considerablemente, negando a un altísimo porcentaje de la población a la posibilidad de acceder a los beneficios de cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito
Frente a ello hagamos el esfuerzo por analizar el asunto en perspectiva. Tengamos en claro que medidas como las propuestas por Asbanc sólo implicarán pequeños esfuerzos impulsados desde el sector privado para afrontar un grave problema estructural frente al cual, lamentablemente, el Estado peruano hasta el momento no logra articular políticas claras de mediano y largo plazo.
 
Fuente: Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN
Una reciente propuesta de la Asociación de Bancos del Perú buscaría que se reduzca en 2% el IGV para las transacciones que se realicen con tarjetas de crédito y débito. Foto: Diario Gestión de Lima
 

martes, 11 de agosto de 2015

Opinión. ¿Es importante contar con algún tipo de seguro que proteja las actividades que desarrollan las PYMES?

Se estima que en el país solo una de cada diez pequeñas y medianas empresas (pymes) cuentan con un seguro para cubrir los riesgos que pueden surgir en las actividades que realizan. Definitivamente que se trata de un bajísimo nivel de penetración de coberturas que protegen los inmuebles y las mercaderías de estos negocios. 
 
Lo cual significa una realidad peligrosa que debe buscarse revertirse a la brevedad por los evidentes peligros que conlleva: la mayoría de los emprendedores peruanos confía excesivamente en su buena fortuna y no han sopesado adecuadamente lo que podría ocurrir con su inversión si les ocurriese cualquiera de las eventualidades más frecuentes del acontecer diario: robos, asaltos, inundaciones, incendios, terremotos, huelgas, motines, etc.
 
Los datos demuestran que la mayor demanda para este tipo de seguros son los restaurantes y hoteles, así como el comercio y la construcción. En realidad, se trata  de un inmenso mercado potencial donde solamente los sectores A y B, que cuentan con mayores niveles de formalidad, suman alrededor de 60 mil pymes. Imaginemos lo que sucede en los sectores C y D, donde la informalidad es altísima y estos temas prácticamente estás proscritos en las proyecciones de los emprendedores.
 
Y la situación es todavía más compleja si se investigan las coberturas especializadas de acuerdo al giro de cada negocio, donde las estadísticas indican que prácticamente no existe una consciencia mínima sobre la importancia de proteger la inversión. 
 
Entonces surge la pregunta inevitable, ¿realmente los emprendedores pueden ayudar a cambiar la realidad del país mientras siga instalada esta forma precaria de hacer negocios, donde todo queda reservado finalmente a la buena suerte? Como lo anotan los especialistas, el seguro es una herramienta vital para el desarrollo y el crecimiento sostenible de cualquier negocio o empresa pequeña, ya que permite superar y retomar la producción rápidamente frente a cualquier eventualidad sin poner en riesgo el patrimonio básico con el que se cuenta.  
Por tanto, no solamente es una tarea de las empresas privadas de seguros tratar de convencer a estos potenciales usuarios sobre la necesidad de tomar alguna clase de seguro. También debe trabajarse simultáneamente en una campaña desde las diversas instancias gubernamentales involucradas con los sectores de las pyme, a fin de generar progresiva conciencia sobre la necesidad de cambiar de actitud.
Y es que el futuro del país no puede estar reservado tan solo a golpes de suerte. Por eso, es fundamental que se empleen todos los mecanismos que el mercado provee para obtener siempre los mejores y más óptimos resultados. Y en esta tarea, como debe ser, el Estado peruano tiene que cumplir un rol orientador y de promoción hacia las prácticas más seguras.

Fuente: Diario El Comercio / Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN

Es fundamental crear conciencia entre las PYME que contar con un seguro que proteja la inversión frente a cualquier tipo de riesgo es una actitud adecuada y previsora que favorece las buenas prácticas en beneficio del país. Foto: Diario El Comercio

lunes, 10 de agosto de 2015

Opinión. ¿Es cierto que la inversión en cultura es un asunto carente de rentabilidad en el Perú?

La semana anterior, la Cámara Peruana del Libro ha compartido las cifras de la reciente Feria Internacional del Libro de Lima. Según el comunicado, las ventas de libros de este año se elevaron en un 30 % en comparación con las del año 2014. Y los visitantes que pagaron su entrada –sin contar niños pequeños ni adultos mayores– superaron al medio millón.

Frente a ello, surge la inevitable curiosidad de comparar estas cifras con la del otro gran evento masivo que se realiza anualmente Lima: la Feria Gastronómica Mistura, que tiene posicionada una fama internacional .¿Cuántos asistentes pagantes tuvo Mistura en su edición del año anterior? Pues las cifras pueden sorprender a más de uno: tuvo un total de 420 mil personas, es decir, menos visitantes que la Feria del Libro de este año. 

Como bien lo anota Gustavo Rodríguez en una interesante nota publicada en el Diario El Comercio de Lima la semana anterior, aparecen preguntas casi inevitables: ¿cómo es posible que en la ciudad donde supuestamente nadie lee, una Feria del Libro haya tenido más visitantes que la meca de nuestra gastronomía? ¿A qué le debemos esta sorpresa?
El propio Rodríguez trató ensayar algunas ingeniosas respuestas para explicar esta situación aparentemente extraña. "En Lima faltan espacios públicos para las familias y que los espacios lúdicos, así adentro vendan libros, siempre serán imanes en este contexto. Un parque como el de Los Próceres que ya se está volviendo un referente libresco, intervenido con la atractiva arquitectura provisional que diseñó Augusto Ortiz de Zevallos, ayudan a este llamado magnético", enfatiza Rodríguez. 
Sin embargo, quizá la verdadera explicación a este asunto radique en un pensamiento anclado desde hace décadas en varios sectores de nuestra sociedad, que nos hace pensar casi naturalmente que la cultura jamás podrá tener resultados rentables porque sencillamente muy pocas personas se interesan en ella. ¿Es así realmente? ¿O se trata de un razonamiento simplista que de manera persistente ha tratado de ser posicionado por determinadas empresas y medios de comunicación para justificar su falta de inversión e interés en los asuntos culturales?
Las cifras que se presentan sobre los resultados obtenidos por la Feria del Libro de este año son incuestionables y deben llevarnos a revisar entonces los argumentos simplistas de antaño. Es necesario invertir en cultura para obtener mejores resultados. Muchísima gente se interesa en estos asuntos y hay que trabajar en esa dirección.
Entonces la próxima vez que oigamos el argumento que los temas culturales no captan inversión porque no tienen resultados rentables, reflexionemos con sentido crítico.  No sigamos cayendo en visiones facilistas y aprovechemos este nuevo contexto para avanzar en la dirección correcta. La cultura sí interesa a la gente y, por tanto, puede resultar tan rentable como cualquier otra actividad.

Fuente: Diario El Comercio / Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN
Aspecto de la Feria del Libro de Lima versión 2015, que superó la cifra récord de más de medio millón de visitantes. Foto: Diario El Comercio
 

sábado, 8 de agosto de 2015

Opinión. ¿Un aumento del sueldo mínimo contribuiría a mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores peruanos?

A propósito de la discusión surgida en los últimos días respecto del incremento del sueldo mínimo y su posible efecto favorable para los trabajadores más desprotegidos y vulnerables de nuestro mercado laboral, cabe plantearse una duda central: ¿a cuántos trabajadores realmente beneficia? O mejor dicho, ¿a cuántos trabajadores realmente no se llegará ni se beneficiará en el país con esta medida? 
 
La pregunta aborda un tema central que, a pesar de ser obvio, sin embargo parece ignorado sistemáticamente por las discusiones propiciadas por las propias autoridades gubernamentales. Lo ocurrido en los días previos, con una publicitada discusión entre algunos Ministros respecto de la necesidad o inconveniencia de su incremento, parece azuzar precisamente ese lamentable efecto distractivo que no contribuye en absoluto a focalizar la atención en el asunto central.
 
Todos conocemos que la informalidad del mercado laboral peruano supera largamente la monstruosa cifra del 70%. Es decir que menos del 30% de la fuerza laboral del país se encuentra sujeta a la normatividad laboral vigente. El resto de trabajadores, es decir, la abrumadora mayoría vive y se desenvuelve en un ambiente desconocido por la legislación laboral formal, donde ninguna regulación, sueldo mínimo o beneficios sociales resultan válidos. Es un escenario tan sórdido que incluso puede rivalizar con los argumentos de muchas taquilleras películas de terror.
 
Y en ese 30% de la fuerza laboral que tiene la fortuna de vivir en la formalidad, ¿a cuántos trabajadores realmente se incluye con los beneficios de un incremento del sueldo mínimo? Se estima que involucra aproximadamente a 800,000 trabajadores. Es decir, un tema que aparenta ser de impacto nacional por la dimensión de la discusión generada en las mas altas esferas gubernamentales, sin embargo corresponde a un porcentaje verdaderamente minúsculo de la fuerza laboral nacional, mientras que la gran mayoría de trabajadores sigue viviendo en el terrible "agujero negro" de la informalidad, a tal extremo que su infeliz situación ni siquiera amerita atención por parte de las discusiones gubernamentales de alto nivel.
 
Resulta por lo demás evidente que esta focalizada discusión dirigida a "beneficiar" a los 800,000 trabajadores jamás encontrará una solución viable, por lo que es grave seguir enfrascados en una discusión infinita. Una sana lógica económica nos dice que cualquier aumento del sueldo mínimo debe implicar primero un aumento de la productividad y que sólo en la medida que ello se produzca entonces es viable el incremento del sueldo mínimo. Con un mercado laboral sumido en la informalidad en más del 70%, ¿acaso es serio sostener que se puede mejorar la productividad sin previamente adoptar medidas de carácter estructural que busquen precisamente la disminución sistemática de la informalidad? ¿Los diversos gobiernos en las últimas décadas han planteado la discusión para establecer políticas de estado razonables que busquen revertir esta situación de fondo?
 
Desgraciadamente las respuestas son negativas. Y todo parece indicar que se sigue prefiriendo el facilismo de propiciar discusiones coyunturales y parciales sobre los problemas sustanciales de la economía nacional, en lugar de abordar el asunto de manera integral y definitiva. 
 
Veamos el asunto con objetividad entonces. No es posible que el país siga entrampado en la lógica histórica de legislar y preocuparse sólo de pequeños sectores mientras se desconoce sistemáticamente la situación que padecen inmensos sectores de la población. ¿No es ésta acaso la perniciosa realidad que no podemos superar desde hace casi 200 años y que contribuye a ampliar la ignominiosa brecha social que perjudica a las grandes mayorías y que nos ancla en el atraso y el subdesarrollo?
 
La respuesta es evidente. Por eso debemos abordar las cosas con criterio lógico y darle el lugar que se merece a la integralidad de nuestra amplia y diversificada fuerza laboral. En el momento que decidamos apostar por crear un ambiente propicio para alcanzar el verdadero bienestar e inclusión laboral de millones de trabajadores peruanos, superaremos al fin esta inercia histórica orientada a la jibarización de los grandes problemas nacionales y a la marginación de los intereses de las mayorías. Desafortunada tendencia a la cual, con estas inacabables discusiones sobre el aumento del sueldo mínimo, nos seguimos aferrando con increíble empeño.

Fuente: Diario El Comercio / Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN

Los altísimos niveles de informalidad laboral en el país son temas sustanciales que desde hace décadas no se abordan con políticas de estado de mediano y largo plazo que busquen superarlos de manera definitiva. Foto: Perú 21 

viernes, 7 de agosto de 2015

Opinión. ¿Por qué es importante avanzar en la mejora del cumplimiento de los estándares laborales básicos en el país?

Pese a los esfuerzos emprendidos en los últimos años, queda claro que el país aún muestra dificultades para mejorar sus estándares laborales que le permitan alcanzar un mejor posicionamiento en el escenario económico internacional. Frente a ello, el Jefe (encargado) de la Superintendencia de Fiscalización Laboral, Carlos Benites, ha anunciado dos grandes temas que deberían ser abordados de manera prioritaria en materia laboral en los siguientes meses: la constitución del Tribunal de Fiscalización Laboral y el reforzamiento del trabajo desarrollado por los inspectores laborales.  
 
Como se sabe, el Tribunal de Fiscalización Laboral aún se encuentra en proceso de institucionalización. Actualmente se está definiendo el marco operativo para su adecuado funcionamiento y luego, antes de fin de año, se debería efectuar la convocatoria para su conformación. No olvidemos que la función que desempeñará este Tribunal será muy importante y de enorme repercusión para los empresarios y trabajadores en el país:  establecerá criterios homogéneos y sentará precedentes de obligatorio cumplimiento a nivel nacional en las materias laborales sobre las que se pronuncie. Para ejercer esta delicada función, se ha previsto que los futuros integrantes del Tribunal demuestren una probada suficiencia académica, con estudios de maestría, conocimientos en derecho constitucional, administrativo o laboral, amplia experiencia profesional, entre otros requisitos específicos. Los medios de prensa y las diversas organizaciones empresariales y laborales del país deberían estar muy atentas en los próximos meses al desarrollo de este proceso y conocer con toda transparencia quiénes serán elegidos para ejercer estas funciones.  
 
De otro lado, salta a la vista la necesidad de mejorar y reforzar la labor de los inspectores laborales, resolviendo dos grandes temas que aún muestran evidentes limitaciones: cobertura -relacionada al número de inspectores- y la mejora de la calidad del servicio. Estos inspectores tienen actualmente la delicada labor de identificar las materias de infracción laboral que son insubsanables, como las referidas a las normas de seguridad y salud en el trabajo, trabajo infantil y forzoso, y obstrucción a la labor de inspección.  
 
La forma de actuación de estos inspectores se desarrolla actualmente en dos planos: la de investigación, que está orientada a verificar incumplimientos, y la de orientación. Así, la primera visita de un inspector a un centro laboral debe ser la de orientación, para luego realizar una investigación que verifique el cumplimiento de las normas laborales en caso ello resulte necesario. Y en este proceso de investigación el empleador tiene la oportunidad de corregir infracciones. Las infracciones que son insubsanables deben ser informadas al empleador para que se produzcan los cambios y correcciones a la brevedad. 
 
Sin embargo, este modelo de actuación de los inspectores muestra todavía evidentes debilidades que urge revisar y mejorar. Para ello, la labor de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de la Sunafil resulta fundamental, abogando por la mejora de los presupuestos así como por el incremento del número de inspectores que desarrollan estas delicadas funciones.
 
Actualmente, a nivel nacional, se cuentan sólo con 400 inspectores de la Sunafil y 90 de los gobiernos regionales. Obviamente es una cantidad todavía pequeña para la magnitud de las labores encomendadas. Por eso, para el 2016 se ha previsto la incorporación de 150 inspectores adicionales. Se dice que la mejora de su trabajo se alcanzará con la predictibilidad y homogenización de su labor, a través del establecimiento de protocolos y otros. 
 
Precisamente con relación al ingreso de los nuevos inspectores a partir del próximo año, se ha anunciado la realización de un proceso de capacitación previo y, con base en esos resultados, se debería seleccionar a los nuevos inspectores que ocuparán las plazas establecidas. Para ello, incluso, se ha indicado la próxima constitución de una Escuela de Formación de Cuadros (EFC), que se debería encargar de poner en marcha este delicado trabajo de formación.  
 
No olvidemos, por tanto, que sólo en la medida que garanticemos el progresivo cumplimiento de los estándares laborales internacionales el país podrá aprovechar adecuadamente las diferentes oportunidades existentes en el escenario latinoamericano y mundial. Mercados exigentes como los de la Unión Europea o Estados Unidos han establecido parámetros muy claros al respecto para ingresar a sus mercados internos. 
 
Seguir accediendo a esos grandes mercados es un reto inevitable para cualquier país que desee asegurar sus tasas de crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Y esto implica avanzar precisamente en el cumplimiento de las normas destinadas a la vigencia de dichos estándares laborales. No olvidemos que Perú tiene suscritos Tratados de Libre Comercio con estas dos grandes economías mundiales y tiene frente a sí una ventaja inmensa que no puede darse el lujo de desaprovechar. Por tanto, las empresas y los trabajadores deben tener en cuenta esta realidad, ya que de lo contrario todos saldremos perjudicados.  
 
Por ello, la labor de los inspectores y del futuro Tribunal de Fiscalización Laboral constituyen el primer eslabón en esta cadena que debe tener el máximo apoyo y seguimiento no sólo del Estado, sino igualmente de los sectores empresariales y laborales. Si este asunto logra obtener los resultados indicados,  definitivamente estaremos dando un paso fundamental en esa dirección.
 
Fuente: Diario Gestión de Lima / Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN
 
El progresivo cumplimiento de los estándares laborales internacionales es fundamental para que la economía peruana pueda seguir accediendo a los grandes mercados del mundo
 

jueves, 6 de agosto de 2015

¿Qué derechos tienen los usuarios del transporte aéreo según el Código de Protección y Defensa del Consumidor?

Hace algunos años atrás, los pasajeros del transporte aéreo en territorio nacional estaban sujetos a una serie de limitaciones en el ejercicio de sus derechos más elementales, como por ejemplo transferir sus pasajes a terceras personas. La legislación de entonces resultaba muy permisiva en beneficio de las aerolíneas, las cuales en muchos casos abusaron y perjudicaron a innumerables usuarios de este servicio.
 
Hoy la situación afortunadamente ha cambiado con la vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Al respecto, Indecopi nos recuerda que sin importar la modalidad del transporte, actualmente todos los pasajeros que circulen por el territorio nacional tienen el derecho de endosar o transferir a otra persona sus pasajes, así como de postergarlos o hacer uso solamente de alguno de los tramos de los pasajes adquiridos.
 
Según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el caso del endoso, el consumidor puede transferir su boleto y solo tendrá que asumir  los gastos de emisión del nuevo boleto.
 
En el caso de la postergación del viaje, el usuario deberá abonar el saldo del nuevo pasaje al monto que ya pagó por el boleto inicial y además tendrá que pagar el costo de la impresión del nuevo boleto.  En ambos casos, existe una condición esencial que no debe olvidarse: el consumidor debe hacer los trámites con una anticipación no menor a 24 horas de la fecha y hora prevista para el viaje. 
 
De otro lado, solo para el caso de los pasajes aéreos vendidos con la modalidad de tramos múltiples (llamado también round trip), el Código resalta que el consumidor que no hiciera uso, por ejemplo, del primer tramo, mantiene su derecho a usar los tramos siguientes sin ninguna restricción. Como se sabe, durante varios años algunas aerolíneas cometieron evidentes abusos al no reconocer este derecho, de manera que aquellos usuarios que no habían hecho uso del primer tramo de su pasaje automáticamente perdían el derecho a usar los tramos siguientes. La nueva legislación se ha encargado de corregir esta mala práctica.
 
Finalmente, debe recordarse que aquellas empresas o proveedores que incumplan con lo indicado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, vulnerando con ello los derechos de los consumidores, afrontarán procedimientos administrativos y podrán sufrir una sanción con multas de hasta 450 unidades impositivas tributarias.
 
Fuente: Diario El Comercio / Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN
 
El Código de Protección y Defensa del Consumidor reconoce actualmente una serie de derechos fundamentales a los pasajeros en territorio peruano. Foto: Getty Images / Diario El Comercio
 

miércoles, 5 de agosto de 2015

Opinión: ¿Cuáles son los riesgos del Leasing Inmobiliario para los interesados en ingresar a esta modalidad de adquisición?

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) así como varios analistas se han pronunciado recientemente sobre los alcances del Decreto Legislativo N° 1177 que establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento para Vivienda, también como conocido como “leasing inmobiliario”. Al respecto, indican que existen una serie de temas que deben ser aclarados prioritariamente en el próximo reglamento de esta norma en beneficio de evitar dudas o malos entendidos que pudiesen perjudicar a los interesados en ingresar a este sistema.
 
Y es que todo ello debe ayudar a despejar la duda central que en este momento existe, ¿contribuirá realmente el leasing financiero a beneficiar a aquellas personas que deseen adquirir una vivienda y que, bajo el esquema de los préstamos bancarios tradicionales, siguen encontrando problemas de calificación de sus respectivos créditos?

Según ASPEC se trata de una norma que tiene una finalidad encomiable como es la promoción de la inversión en el sector inmobiliario. Sin embargo, al mismo tiempo llama la atención que este dispositivo omita referirse a una serie de temas cruciales para los potenciales interesados que decidan apostar por esta opción.

Al respecto, Crisólogo Cáceres, Presidente de ASPEC, observa que existen varios puntos que no necesariamente parecen apoyar a los consumidores, mientras que las empresas constructoras sí resultarían enormemente beneficiadas. Así, indica que “a lo largo del texto del mencionado Decreto Legislativo se enumeran una serie  de requisitos, procedimientos  y penalidades para los consumidores que no cumplan con pagar las cuotas respectivas a la entidad financiera con la que contraigan la deuda. Sin embargo, en ninguna parte de la norma se alude a las responsabilidades que debe asumir el proveedor cuando vulnera algunos de las derechos que asisten al consumidor lo cual es, por decir lo menos, inequitativo”.

Por su parte, la analista Rossana Natteri, socia del Estudio Jurídico Olaechea de Lima, menciona que aún no se ha definido qué pasará con el pago del impuesto de alcabala. No olvidemos que bajo este esquema los bancos se convierten en propietarios y, en caso la compra no provenga de una primera venta de constructor, debe aplicarse dicho impuesto. Posteriormente si el arrendatario ejerce la opción de compra, esta transferencia también estaría sujeta al impuesto.  Esta situación deberá ser regulada en el reglamento, pero muy probablemente este pago será trasladado al arrendatario dentro de las cuotas mensuales. Entonces existe un tema pendiente de resolver: ¿cómo estará compuesta la cuota mensual?

Otro asunto que subraya Natteri es que esta nueva modalidad de arrendamiento financiero seguramente reducirá a mediano plazo las tasas de interés, ya que la posibilidad de recuperar los inmuebles por parte de los bancos es más segura frente al incumplimiento del pago de las cuotas. Sin embargo, sobre los arrendatarios pesa el peligro que el proceso de desalojo, en caso de incumplimiento de las cuotas, será sumamente expeditivo, ya que hay que tener en cuenta que la eventual puesta al día de los pagos atrasados no dejaría sin efecto el proceso de desalojo iniciado.

Frente a esta delicada situación, también subraya ASPEC que  "no se menciona ninguna responsabilidad del proveedor pese a la gran cantidad de denuncias por fraudes inmobiliarios que se registran actualmente". Se trata, pues, de un asunto que debe ser analizado con mucho cuidado en el reglamento.

Definitivamente resulta muy oportuna la solicitud formulada por ASPEC en cuanto que “en el reglamento pendiente de aprobación, deberían llenarse este tipo de vacios. Del mismo modo, en los formularios a ser aprobados, deberían explicarse de la manera más sencilla posible los datos especialmente relevantes para el consumidor a cuya disposición deberían encontrarse también en las páginas web de las instituciones financieras y la SBS”.

Por tanto, todo parece indicar que es indispensable que mientras se expide el texto del reglamento de este Decreto Legislativo, los potenciales interesados en ingresar a esta modalidad se asesoren debidamente para evitar encontrarse luego con sorpresas desagradables. Por ejemplo, sería importante consultar todos los costos que vayan aparejados al otorgamiento del crédito ya que, presumiblemente, podrían resultar más elevados que las actuales modalidades de préstamos bancarios para adquirir una casa. No olvidemos que dentro del leasing inmobiliario no existe la obligación de pagar una cuota inicial y esos costos tendrán una repercusión en algún momento dentro de las obligaciones que adquieran los potenciales interesados.
 
 
Fuente: ASPEC / Diario Gestión de Lima / Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN

El Presidente de la República, Ollanta Humala, junto al Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, así como a los Ministros de Economía y Finanzas Alonso Segura y de Vivienda, Construcción y Saneamiento Milton Von Hesse, durante el acto de promulgación del Decreto Legislativo 1177 referido al Leasing Inmobiliario

martes, 4 de agosto de 2015

Las emisiones masivas de tarjetas de crédito y los peligros ante el nuevo escenario de desaceleración económica

Según un interesante artículo publicado por el Diario El País de Madrid, el crédito al consumo ha experimentado un crecimiento sostenido en América Latina que llegó casi al 20% anual, gracias a su expansión entre la creciente clase media de la región. Y todo parece indicar que la emisión masiva de tarjetas de crédito ha sido la gran protagonista en esta historia.
 
Así, se estima que un 22% de la población adulta en la región dispone de al menos uno de los más de 390 millones de tarjetas de crédito, según un reporte de la firma de investigación BSLatam. No debe olvidarse que el negocio de las tarjetas de crédito ha tenido gran éxito debido a la facilidad con la que éstas se otorgaron en los últimos años, afirma Michelle Evans, analista de Euromonitor International.
 
En el año 2014, el número de tarjetas de crédito aumentó en la región un 9,1% y para este año se estima un repunte del 8,6%, según BSLatam. El crecimiento ha sido exponencial en Brasil, México, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y Perú, indica Sergio Navajas, especialista de la unidad financiera del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), organismo dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

¿Qué va a ocurrir ante la desaceleración económica que experimenta América Latina?

Sin embargo, esta emisión masiva de tarjetas de crédito también abrió la puerta a los abusos y las tácticas depredadoras, pues "los intereses anuales superaron el 200% en algunos países, y el refinanciamiento de la deuda era unilateral”, indica Michelle Evans. Y ante la desaceleración de la economía, ahora existe un riesgo inminente de que los latinoamericanos dejen de liquidar sus deudas.
 
Pero se anota también que el uso frecuente de las tarjetas de crédito es aún moderado. Así, en Brasil, sólo el 28,8% de la población adulta mayor a 15 años utiliza la tarjeta de crédito para efectuar compras frecuentes. Algo similar ocurre en mercados como Chile o Argentina (con el 22,9% y 24,4% respectivamente).

¿Y qué sucede en el caso peruano?

Para el caso peruano, se observa en general que el uso de las tarjetas de crédito es moderado. Sin embargo, tiene un componente adicional muy interesante: el uso de las tarjetas de crédito es destinado principalmente para situaciones muy concretas, en lugar de hacerlo para las compras habituales. De alguna manera, ello contribuye a colocar la situación peruana en un lugar de menor riesgo con respecto al de otros países latinoamericanos.
 
No obstante lo anterior, sería importante reflexionar sobre el hecho que un sobreendeudamiento de las familias ante la situación de desaceleración económica que se vive podría suponer un riesgo en los nuevos intentos de retomar la senda del crecimiento económico que está impulsando actualmente el gobierno peruano. Como lo indica Sergio Navas, “el problema fue que muchos de los nuevos clientes incluyeron al crédito concedido como parte de su ingreso mensual y no como una deuda que había que cancelar en un plazo determinado”. 

Por ello, este es un asunto que debe ser analizado con especial cuidado por parte de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de no complicar el debilitado escenario económico que actualmente se busca superar.

Fuente: El País de Madrid / Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN

El crecimiento exponencial de nuevos centros comerciales en las principales ciudades latinoamericanas, como en el caso de Lima, ha sido consecuencia del crecimiento de las economías de la región en los últimos años. Foto: Mariana Bazo (Reuters)

lunes, 3 de agosto de 2015

Opinión - La #LeyStalker: ¿qué significa la geolocalización de los equipos de comunicación según el Decreto Legislativo 1182?

Con relación al recientemente aprobado Decreto Legislativo1182 "que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de los equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado", popularmente bautizado en las redes sociales como la #LeyStalker, saltan a la vista varios problemas jurídicos que atentan directamente contra el marco normativo constitucional.
 
En primer lugar, no olvidemos que esta norma fue aprobada por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que le concedió el Poder Legislativo para afrontar los temas relacionados con la inseguridad ciudadana que se vive en el país. El Congreso Peruano aceptó esta solicitud considerando que los mecanismos de aprobación de esta norma resultarían más rápidos y sencillos que si se sometiesen a los habituales procesos de discusión legislativa, los cuales podrían tardar en el mejor de los casos varios meses.
 
En segundo lugar, el Poder Ejecutivo expidió, dentro de los plazos concedidos, el referido Decreto Legislativo. Ante la ola de delincuencia y extorsiones que se viene registrando en el país por parte de mafias organizadas que utilizan principalmente los equipos de comunicación móviles para perpetrar sus fechorías con la mayor impunidad, el Poder Ejecutivo ha considerado que esta norma debe ayudar a combatir frontalmente dicha ola delincuencial.
 
En tercer lugar, el fondo de dicho Decreto Legislativo es muy sencillo: la Policía puede solicitar a las empresas operadoras de telecomunicaciones los datos de localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos, sin autorización previa de un juez o fiscal. ¿Esto es posible dentro del marco constitucional vigente en el país? Definitivamente no. Un principio constitucional básico en Perú y en cualquier otro país democrático, está relacionado con la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos, las cuales solamente pueden ser levantadas con la autorización de un Juez.
 
En cuarto lugar, salta entonces la pregunta inevitable: ¿es posible combatir adecuadamente la ola delincuencial a través de la vulneración de derechos constitucionales básicos? La respuesta es obviamente no. En el Perú ya hemos visto a lo largo de la historia la repetición constante de estos argumentos, donde se ha dejado de lado el respeto al orden constitucional superior, para justificar la vulneración sistemática de principios elementales. Los resultados de estas medidas "aparentemente pragmáticas" saltan a la vista, precisamente por haber generado más vulneraciones y problemas que el asunto original que se pretendía solucionar. Por ejemplo, bajo argumentos parecidos se han justificado durante buena parte del siglo pasado una serie de golpes de estado, que estaban destinados precisamente a "corregir problemas que el sistema constitucional peruano no estaba en condiciones de resolver por la gravedad de los hechos que se vivían en su momento". Queda claro que la sociedad peruana sigue viviendo serios problemas de atraso y exclusión social que, en gran medida, fueron agravados precisamente por quienes rompieron el orden constitucional para "salvar a la sociedad peruana de esos graves problemas". Perú sigue siendo precisamente un país sumido en el subdesarrollo gracias a esas medidas "iluminadas" que han buscado "dejar de lado momentáneamente el orden constitucional" a fin de solucionar a la brevedad problemas coyunturales.
 
En quinto lugar, es evidente que esta ola delincuencial debe ser corregida a la brevedad y con medidas contundentes dentro del marco constitucional. ¿Cómo se debería proceder entonces? Pues muy sencillo. Como lo anota Fátima Toche en su acertada columna de Exitosa Diario, simplemente facilitemos que los mecanismos judiciales, con el apoyo de la Policía Nacional y del Ministerio Público, se encarguen del asunto, a través de la expedición de medidas efectivas que solucionen el asunto dentro del marco legal vigente. Y considerando que los mecanismos judiciales son habitualmente lentos, pues entonces se podría trabajar en la designación de jueces ad hoc, dependientes del propio Poder Judicial, quienes en turnos de 24 horas queden encargados de resolver de manera rápida las solicitudes que surjan por parte de la Policía Nacional y del Ministerio Público para autorizar la oportuna localización de los equipos móviles eventualmente comprometidos con hechos delictivos.
 
Como vemos, la solución no es muy compleja; sólo se requiere que superemos ese mal endémico de pensar que para solucionar los problemas críticos hay que dejar de lado el orden constitucional, como si se tratara de un pesado lastre que sólo genera problemas de lentitud y atraso. El respeto a las reglas de juego establecidas en la Constitución es fundamental para alcanzar el desarrollo y prosperidad de cualquier país. Empecemos entonces a cambiar de actitud y eso nos permitirá también superar los retos y dificultades que como sociedad debemos aprender a afrontar adecuadamente.
 
Fuente: Exitosa Diario / Servicios de Difusión y Prensa GRUPO NELVA DESIGN
 
El controvertido Decreto Legislativo 1182 busca combatir a las mafias organizadas vinculadas con la extorsión y el chantaje generando el peligroso mecanismo de levantar la privacidad de las telecomunicaciones sin la autorización previa de un Juez. Foto: Diario El Comercio de Lima
 

domingo, 2 de agosto de 2015

Informe internacional destaca que la economía peruana es la menos vulnerable de América Latina

Según los estimados del Deutsche Bank difundidos el pasado mes de julio, el nivel de vulnerabilidad para los países con mercados emergentes (como es el caso de los países latinoamericanos) se mantiene relativamente moderado, aunque resulta preocupante para varios de ellos el débil crecimiento que vienen experimentando en los últimos años.
 
Según esta institución, los mercados latinoamericanos estarían enfrentando su momento macroeconómico más crítico desde la crisis financiera del 2008, aunque su nivel promedio de vulnerabilidad se mantiene relativamente estable.
 
Es importante resaltar que en este informe Perú se ubica como la economía menos vulnerable de la región, inclusive con un nivel más estable que Chile y México. Mientras que la economía colombiana es señalada como la de mayor debilidad,  con un repunte en su inflación, un crecimiento del crédito relativamente rápido, menores tasas de interés y una posición fiscal más débil.
 
Fuente: Diario Gestión / Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN
Según el reporte del Deutsche Bank del pasado mes de julio, la economía peruana se presenta en estos momentos como la menos vulnerable de América Latina. Foto: Diario Gestión de Lima
 

sábado, 1 de agosto de 2015

Opinión: ¿La negativa al aumento del sueldo mínimo vital refleja la tradicional visión cortoplacista en el manejo de la economía nacional?

Frente a lo señalado el día jueves por el Ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, respecto a que la posibilidad del aumento del sueldo mínimo vital se sujete a la obtención de un acuerdo al interior del Consejo Nacional del Trabajo (instancia de diálogo integrada por los representantes de los sectores laborales, empresariales y gubernamentales), las declaraciones formuladas ayer por el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, parecen enmendar la plana una vez más. En esta ocasión, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros ha sido muy enfático en señalar que el gobierno aún no ha decidido elevar el salario mínimo “pues se requiere atraer más inversión privada y reactivar la economía para elevar los ingresos”.
 
Para justificar esta posición de línea dura, que deja además sin piso las futuras discusiones y acuerdos a los que pueda llegar el Consejo Nacional del Trabajo, Cateriano adoptó un argumento políticamente redentor: se busca dejar las finanzas ordenadas, pese a que “sería fácil elevar el sueldo mínimo y que lo pague el siguiente gobierno”.
 
Aunque esta posición pareciera guardar coherencia con un espíritu de mesura en el manejo de la economía, refleja de fondo serias inconsistencias que deberían ser analizadas con mayor cuidado.
 
En primer lugar, queda claro que un asunto importante en la vida económica nacional, como es el caso del establecimiento del sueldo mínimo vital y su repercusión para millones de personas, es un asunto que se asume con una visión cortoplacista, carente de una consistente política de estado que asegure el establecimiento de fórmulas concretas que sean respetadas por cualquier gobierno que asuma funciones en las siguientes gestiones.
 
En segundo lugar, y sumado a lo anterior, este asunto refleja visiones con escasa perspectiva en el tiempo. ¿Realmente la posición asumida por el Presidente del Consejo de Ministros es lo más conveniente para el país en perspectiva de mediano y largo plazo, o es sólo conveniente para cerrar decorosamente la actual gestión gubernamental? El nivel del diálogo y los entredichos al interior del propio gabinete ministerial dejan la clara percepción que el Perú sigue arrastrando en este tema el mal de siempre: todo se resuelve en horizontes que no miran más allá de 5 años.
 
En tercer lugar, surge la pregunta inevitable: ¿se puede pretender que un país supere sus niveles de subdesarrollo y atraso económico apelando a visiones cortoplacistas y coyunturales como en este caso, las cuales reflejan la carencia de una visión de estado con los necesarios criterios de continuidad y estabilidad en el tiempo? Definitivamente, declaraciones ministeriales como las de esta semana dejan la amarga sensación que no se desean abordar los temas centrales de nuestra economía con una nueva visión de concertación que garantice rumbos económicos estables para las siguientes décadas.
 
La definición de un tema tan delicado como el establecimiento del sueldo mínimo para los trabajadores, por ejemplo, podría haber sido el motivo perfecto para que esta administración gubernamental pueda iniciar gradualmente, al menos en este tema, los cambios estructurales que el saludable manejo de nuestra economía requiere. Lamentablemente, las propias palabras del Ministro Cateriano terminan corroborando que su horizonte político no mira más allá que la transición honrosa hacia el próximo gobierno. Con ello, sin embargo, lo único que se le estará dejando de herencia en este asunto a las próximas administraciones gubernamentales será el atraso y la empequeñecida visión coyuntural de siempre.
 
Fuente: Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN
 
El Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, durante sus anuncios de esta semana relacionados con la negativa al aumento del sueldo mínimo vital para los siguientes meses. Foto: Diario Gestión de Lima