Se ha puesto de manifiesto al fin una de las razones importantes por las cuales resulta muy difícil superar el exceso de trámites burocráticos en el Perú. Así, parece quedar claro que el exceso de trámites
burocráticos y los costos de los largos procedimientos administrativos que deben asumir los ciudadanos peruanos que han apostado por la economía formal representan, aunque suene difícil admitirlo, importantes
ingresos para el funcionamiento de las diversas entidades públicas del país.
¿Dónde está el meollo del problema?
Según una nota
que publica el Diario Gestión, el Instituto Peruano de Economía estima que la
recaudación por trámites y permisos equivale al 3% del PBI (unos US$6,500
millones). Resulta paradójico
observar que esta cifra incluso está muy por encima de los ingresos que recibe
el Estado peruano producto de los impuestos que deben pagar el reducido grupo
de trabajadores formales en el país.
“El IGV es 8% del
PBI, Impuesto a la Renta es 7%, de los cuales 5% es personas jurídicas y 2% es
personas naturales, es decir el costo de la regulación y las tasas es más que
la renta de personas naturales”, detalló el economista Pablo Secada durante el
foro “Las claves para impulsar la inversión privada” de CFA Society Perú.
Freno a las inversiones
De acuerdo con la
nota del Diario Gestión, hay otro problema grave producto del exceso de
trámites burocráticos que no se debe perder de vista: estos trámites inútiles (y los sobrecostos que ello implica) desalientan la inversión privada.
Así, de acuerdo
con un reciente informe de la Contraloría de la República se revela, por
ejemplo, que existen nueve trámites críticos que frenan la inversión: las
certificaciones ambientales, la consulta previa, las autorizaciones y permisos
de uso del recurso hídrico, las servidumbres, las licencias y permisos
municipales, las autorizaciones para el uso de combustibles y explosivos, las
expropiaciones, las interferencias y la instalación de antenas.
Las verdaderas
razones del incentivo perverso
Según Pablo
Secada, son las propias entidades del Estado las que crean tasas y procedimientos nuevos para asegurar que sus funcionarios cuenten con recursos directamente recaudados y así
obtener mayor discrecionalidad en su gasto.
Como lo subraya Secada, “el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) tiene mucho control sobre los recursos que tiene como
parte del presupuesto pero estos recursos especiales les permiten tener mayor
discrecionalidad en su gasto a los funcionarios y lo que han hecho es crear uno
tras otro trámite”.
¿Qué se puede hacer entonces?
Por ello, no es de extrañar que siendo una fuente importante de ingresos, el mantenimiento de estos inútiles trámites burocráticos representen un incentivo perverso para que se mantengan y lo que es peor aún, se sigan multiplicando cada vez más.
Debido al facilismo con el que estos ingresos se producen y ante la falta de políticas de estado claras para superar la terrible informalidad que abarca a más del 70% de la economía nacional, no resulta difícil vaticinar que esta situación no podrá ser superada simplemente con buena voluntad, a pesar que todos seamos conscientes que estos engorrosos trámites burocráticos generan problemas y atrasos para el desarrollo nacional.
Urge, pues, definir políticas de estado claras para atacar el problema principal: superar progresivamente la terrible informalidad económica del país. Y en el marco de esas políticas, naturalmente, se deben establecer mecanismos muy claros para ir reduciendo drásticamente estos inútiles trámites burocráticos que tanto daño la hacen al desarrollo del país.
De lo contrario, si solo nos limitamos a atacar la labor de las instituciones recaudadoras de impuestos, como si ellas fueran las verdaderas responsables de esta grave situación de fondo, poco podremos avanzar. Tampoco avanzaremos si nos dejamos seducir por el tradicional discurso que aboga acelerar la "formalización" de la economía del país manteniendo al mismo tiempo estas lamentables condiciones burocráticas.
Frente a este complejo panorama, también tengamos en cuenta que sería un acto verdaderamente inmoral apoyar la simple "formalización" económica de la población sin que se asegure al mismo tiempo iniciar estas radicales transformaciones en la burocracia nacional. Y es que sin estas transformaciones, la "formalización" significaría en el fondo obligar a la población a asumir los costos que implican estos trámites inútiles, los cuales en su gran mayoría, como queda claro, parecen haber sido creados solo para asegurar ingresos rápidos a las entidades públicas.
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| Los costos de los trámites burocráticos inútiles sirven muchas veces de fuente de ingresos para el funcionamiento de las entidades públicas peruanas. Foto: Andina |
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